Garantizan protección de personas con discapacidad


ZACATECAS. María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), fue designada como vicepresidenta de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la reunión de instalación de la Comisión de Gobierno se revisaron los avances del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, para contribuir a la salvaguarda de los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante tres ejes centrales: protección, promoción y supervisión.

En la sesión de trabajo se leyeron los resultados de la Convocatoria para la Integración del Comité Técnico de Consulta Nacional de Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, como parte de la orden del día, los integrantes del grupo colegiado aprobaron la lista definitiva de expertos en materia de discapacidad, quienes integrarán el Comité Técnico de Consulta, con la finalidad de brindar asesoría y propuesta de reglamentos, planes y programas anuales de trabajo, entre otras acciones, por los que se establece este mecanismo de monitoreo.

Las personas que integrarán el Comité Técnico de Consulta como expertos son Diana Lara Espinosa, Gerardo Araiza Garaygordobil y Verel Elvira Monroy Flores en discapacidad motriz; así como Janett Jiménez Santos, en discapacidad visual, y Sofía Galván Puente, en disparidad psicosocial.

En la reunión estuvieron presentes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Joaquín Alva Ruiz Cabañas, director general adjunto de Atención a la Discapacidad de la CNDH; Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California.

También, Xavier Díez Urdanivia Fernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila; José Raúl Montero de Alba, procurador de Derechos Humanos del estado de Guanajuato; así como Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche.

El Mecanismo Nacional de Monitoreo se encarga de vigilar que la Convención sobre las Personas con Discapacidad (CDPD) se aplique a cabalidad en todo el territorio mexicano por las autoridades federales y estatales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 numeral 2 de la CDPD.

Esto debe ser a través del diseño y expedición de instrumentos de supervisión y seguimiento, que permitan:

  1. a) Elaborar estándares y criterios de actuación para la realización de acciones de supervisión y seguimiento frente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y la Ciudad de México, con el propósito de que las mismas resulten uniformes, homogéneas, expeditas y suficientes para el cumplimiento de esta labor.
  2. b) Recibir por conducto de las autoridades competentes de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México en vía de colaboración, en forma oportuna, periódica y permanente, informes, datos estadísticos derivados de encuestas y registros de toda índole con que cuenten, así como documentación que acredite su labor, como resultado de la ejecución de políticas públicas, programas y acciones en asuntos de las PCD en el marco de la Convención.

En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, la prevalencia de la discapacidad es de 6 por ciento, lo que significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna actividad.

Ello evidencia que la estructura por edad de la población con discapacidad muestra una estrecha relación de  esta condición con el proceso de envejecimiento demográfico, donde casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3 por ciento) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8 por ciento tienen entre 30 y 59 años de edad.

Las entidades que destacan su elevada tasa son Durango (75), Colima y Zacatecas (74 en cada una) por cada mil habitantes, como entidades donde habita 4.1 por ciento del total de personas con discapacidad del país.

Esta situación se relaciona con la estructura etaria de la población de cada entidad, la cobertura y calidad del sistema de salud o el nivel de desarrollo económico y social, entre otros factores.

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