La presidencia de Enrique Peña Nieto pierde pulso. Andrés Manuel López Obrador le ha concedido sombras detrás del telón, por ello su desvanecimiento pasa casi desapercibido. No obstante, poco a poco el mexiquense es abandonado por su gobierno, su partido y su militancia.
El primer borrador de la Comisión de Diagnóstico del PRI le tiene malas noticias. Los tricolores coinciden en que sus “reformas estructurales no trajeron beneficios para nadie”, pues la sociedad “las ve ejemplificadas en educación amañada, inseguridad, gasolina, canasta básica y servicios más caros”.
Un duro golpe a la razón de ser del sexenio por concluir, al que ahora exigen una explicación sobre por qué no funcionaron las reformas. En los últimos dos meses, el priísmo se dio a la tarea de abrir canales herméticos de comunicación. La comisión que encabeza Víctor Samuel Palma César recibió el testimonio escrito o virtual del priísmo de pie, y los resultados han sido devastadores.
Reconocen, por vez primera, que los ciudadanos relacionan al Revolucionario Institucional como “el partido corrupto de México”. Sus procesos internos son, más bien, producto de la simulación, por ende, la gente no cree en la “ética y profesionalismo de sus candidatos”, no ve atractivas sus campañas “y asegura que jugamos sucio”.
Legalidad, lealtad, honestidad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, congruencia y responsabilidad fueron letra muerta en sus estatutos, pues si bien nunca faltaron disposiciones normativas que mostraran su compromiso con los principios éticos la “percepción de impunidad y falta de rendición de cuentas” fueron la constante.
Pero, si bien la militancia ha abierto la crítica más dura contra los responsables de la derrota del pasado julio, también fueron los propios priistas, por omisión, quienes llevaron al partido a la debacle.
“Por línea, por disciplina o por sumisión” el partido fue el responsable de criticar los resultados magros de las reformas estructurales, así como la corrupción desbordante de los gobiernos de Chihuahua, Colima, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, y el de Zacatecas durante la administración de Miguel Alejandro Alonso Reyes.
“Un PRI callado y un gobierno silenciado ante los actos de corrupción… y un país inmerso en seguridad” son premisas explicativas con las que el partido ahora intentará su recomposición, rumbo a las elecciones 2019 en Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, donde esperan cosechar al menos 2 millones de votos.
La cifra se antoja algo optimista, ya que el documento del que parte el diagnóstico, nutrido de autocrítica, ni siquiera tiene carácter vinculante. Probablemente el diagnóstico plasme el sentir del priismo, sin embargo, no hay garantías respecto a si éste concluirá únicamente en una suerte de catarsis interna o si servirá de plataforma para la reconstrucción.
Por el contrario, las señales son ominosas. La Comisión de Diagnóstico que comenzó sus trabajos hace un par de meses, está cargada de perfiles cercanos al moribundo presidente. Como se apunto en este espacio el pasado 14 de agosto, una fracción de la militancia calificó a la misma de ser juez y parte.
“Después de la derrota, algunos dirigentes durante la administración peñista y algunos ex presidentes del CEN que fueron candidatos o coordinadores en la campaña de este año, pretenden erigirse en quienes pueden designar a la nueva dirigencia del partido.”
Así, la designación de Miguel Alonso Reyes para escuchar las inquietudes y reclamos del priismo zacatecano fue una afrenta tanto para la ciudadanía como para la militancia que, en privado, reconoce la voracidad y excesos del sexenio que concluyó.
Al exgobernador no se le ha visto activo en la política zacatecana desde que concluyó la precampaña, en febrero. Celoso de un lugar en la lista de candidatos al Senado de la República, una vez que no logró su acometido regresó al trabajo de oficina en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
El presidente Peña Nieto tampoco pudo garantizar su futuro político, pues en las listas plurinominales abundó el pago de favores a los funcionarios de su administración que más necesitaban del fuero.
Hoy, Miguel, alejado de la vida partidista, por concluir una etapa de poder en ascenso, hace ojos ciegos y oídos sordos a sus obligaciones con la militancia. Y cómo habría de dar la cara al priismo y a la ciudadanía, pues de haber logrado su anhelada candidatura probablemente el PRI de Zacatecas hubiera sufrido una derrota de mayores dimensiones. El mandato en las urnas fue claro.
#Casualidades: El cinismo se ha apoderado de la LXIII Legislatura. Una veintena de legisladores decidieron desmentir, mediante un desplegado, las acusaciones que hiciera el fresnillense Omar Carrera Pérez apenas unos días antes.
Tarde, a contrasentido de lo que el coordinador de Morena espetó la semana pasada, el diputado de la Regeneración Nacional aportó pruebas de acuerdos inconfesables con los que sus compañeros legisladores pretenden llevar a su bolsillo recursos extraordinarios.
La ventajosa reasignación de las extintas Herramientas Legislativas no era producto de la “desinformación” ni de la “tergiversación” de los medios, como intentó acusar Jesús Padilla Estrada.
De acuerdo con Omar Carrera y José Dolores Hernández Escareño, siempre estuvo en la mesa un proyecto para inflar los ingresos de los diputados en viáticos, gastos de representación, eventos sociales y pago de asesorías.
En ese sentido se acordó la reasignación de recursos del capítulo 4000. Ahora, con algo de caradura, los diputados Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, Carolina Dávila Ramírez, José Juan Mendoza Maldonado, José María González Nava y Susana Rodríguez Márquez arrojaron la piedra sin estar libres de pecado.
Entraron al juego de Omar olvidando que en su momento gozaron (sin pudor) de los mismos beneficios que le criticaron al fresnillense. Las ambiciones personales terminaron por devaluar la legitimidad de la LXIII Legislatura. Sí, a un mes de su inauguración.
Twitter: @GabrielConV
Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
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