Caballo de Troya: Morena reedita el proyecto neoliberal


Para el proyecto educativo del nuevo gobierno federal en mejores condiciones no podrían estar las universidades públicas estatales. La izquierda reeditó completamente la reforma a la Ley Federal de Educación que promovió Ernesto Zedillo Ponce de León como Secretario de Educación, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

La reforma de 1992 ya miraba por la restricción a la educación pública media superior y superior, tomando como justificación la falta de control en las finanzas de los centros de estudio. Desde aquellos años, como ahora, el proyecto neoliberal entendía que la “viabilidad” de las universidades públicas como “instituciones educativas eficientes” sólo llegaría mediante la reducción del gasto y la disminución de las matrículas estudiantiles en carreras con “desbordada capacidad laboral”.

De acuerdo con un texto de abril de 1994 (Zedillo y su estilo impositivo en la SEP), el semanario Proceso detalló cómo las políticas presupuestales cambiaron su metabolismo al no apoyar la creación de nuevas plazas para académicos. Simultáneamente, se llevó a un extremo rígido la normatividad que regulaba el ingreso, promoción y permanencia de los docentes.

“Al mismo tiempo”, señaló Proceso “México se convirtió en el principal promotor de un acuerdo de ‘cooperación e intercambio’ académico con las universidades de Estados Unidos y Canadá” con el “objetivo de uniformar la impartición de la enseñanza superior en instituciones públicas y privadas de los tres países”.

En aquél entonces, Ernesto Zedillo aseguró a los líderes y fundaciones norteamericanas: “Las políticas de globalización son perfectamente compatibles con la preservación de los valores, la cultura, la historia y las tradiciones que definen nuestra identidad nacional”. El destino de los organismos descentralizados de educación superior estaba sellado.

El ejemplo emblemático lo ofreció el conflicto en la Universidad de Sonora, un año antes, en 1991. La investigadora Denisse de Jesús Cejudo Ramos lo redacta de forma precisa en su texto “¿Una nueva generación de movimientos estudiantiles? El Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora 1991-1992”. Ahí explica:

“Manlio Fabio Beltrones [entonces recién electo como gobernador] había seguido los lineamientos del nuevo proyecto educativo en código neoliberal del presidente Salinas de Gortari, el principal: la implantación de una nueva ley orgánica que permitiera a la universidad autofinanciarse y salir de las complejidades políticas que, argumentaban, generaba el autogobierno.

“Los cambios se habían presentado desde principios de la década de 1980 con la intención de limitar la dependencia de las universidades públicas del gobierno federal.

“En el mes de agosto, en la prensa estatal aparecieron declaraciones del gobierno y otros actores en torno a la situación en la Unison, en las que señalaban ingobernabilidad y corrupción imperante (El Imparcial, 1991). En este contexto se publicaron una serie de artículos y desplegados en la prensa en los que se evidenciaron conflictos internos, inestabilidad política y quiebra económica de la universidad.”

“Los estudiantes organizaron, en marzo de 1992, la marcha ‘Del Desierto al Zócalo’ que duró tres meses, partió de la ciudad de Hermosillo y culminó en la Ciudad de México, convirtiéndose en un desafío mediático para Manlio Fabio Beltrones.”

¿Nos suena conocido ese conflicto, hoy, en Zacatecas? Nuevas condiciones enriquecen el contexto, sin embargo, la crisis en la universidad es resultado del abandono sistemático a la educación superior como parte de las políticas educativas para restringir la garantía y el acceso de las clases menos favorecidas a las instituciones públicas.

Lo que conocemos hoy como “reestructuración” de la planta administrativa y de las finanzas de las universidades, precisamente nace en ese periodo de reformas neoliberales. Es un manifiesto en contra del cual lucharon quienes hoy gobiernan desde la izquierda, y que, paradójicamente, ahora consienten como la única salida posible a la crisis de recursos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mira con recelo a la Universidad Autónoma de Zacatecas por ser uno de los recipientes dentro de los cuales se gestó la “Estafa Maestra”, no obstante, en sentido contrario al castigo a la corrupción, la deshidratación del presupuesto ha sido la respuesta de la Regeneración Nacional.

Uno de sus militantes, Simón Pedro de León Mojarro, incluso engruesa las filas de Morena en total libertad, después de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como directo responsable de la trama de desvío de recursos en la administración de María del Rosario Robles Berlanga.

El mensaje es completamente contradictorio (incluso se intentó suprimir la autonomía universitaria), y la militancia de Morena está consumiendo el discurso sin detenerse a revisar los motivos reales del desprestigio a la universidad. En camino, muy despacio, se avizoran cien nuevas universidades públicas que, restringiendo el crecimiento de las instituciones autónomas estatales, aglutinarán la matrícula estudiantil y académica en manos de la Cuarta Transformación.

Ya vivimos la experiencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual logra apenas una taza de titulación del 1% de los alumnos inscritos y absorbe otra nómina abultada. La lucha real es por el control de las clientelas de la educación.

#Casualidades: El Gobierno Federal sabía de la bomba que estallaría al presentar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Para ello diseñaron un Manual de Campaña de Comunicación Social, exhortando a los delegados a no tratar al menos una docena de “temas sensibles”.

A menos que “busquen apoyo de la SHCP” sus funcionarios no podrán hablar de: el aeropuerto en Texcoco, el impacto ambiental del Tren Maya, los estados y el pacto federal, recortes al presupuesto del campo (que afectó en buena medida al Coordinador de Ganadería, David Monreal Ávila), las universidades y los programas de género.

Además, deberán evitar pronunciarse sobre la desaparición del Seguro Popular, derechos humanos, seguridad, Conacyt, sueldos de los funcionarios, e inversión extranjera (la cual ha registrado una salida de 2 mil millones de dólares tras la cancelación del NAIM).

De ahí que Verónica del Carmen Díaz Robles le haya dado vuelta a la manifestación del personal suplente de la clínica del ISSSTE en Zacatecas, ayer, por la deuda salarial que arrastran desde hace once meses con la federación. Lo mismo que el delegado Javier Alberto Torres Cardona, cuando apagó su celular toda la tarde para evadir y nutrir el conflicto.

Además de que Verónica desconocía la movilización de estos tres grupos, tampoco sabía que debía atender sus peticiones. La delegada permitió que el encono creciera al no dar señales de vida, y cooperó así con los desquiciantes embotellamientos automovilísticos del pasado viernes y lunes.

Sin embargo, el manual de comunicación la libera de tomar partido por ahora, mientras convence al gabinete federal de que ratifiquen sus propuestas a las delegaciones de SAGARPA , SCT, SEMARNAT, Bienestar y el relevo en el mismo ISSSTE.

Twitter: @GabrielConV

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Gabriel Contreras Velázquez*

*Analista político

 

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