El coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio el tiro de gracia a los “súper delegados”. Sus nombramientos son “netamente administrativos” y “no significan un poder dual en los estados”, confirmó el fresnillense al diario Excélsior en una nota publicada este martes.
Ahí mismo remató: “no tienen la responsabilidad constitucional que sí corresponde a una autoridad electa en las urnas, como lo es un gobernador”. El mensaje para su cuñada Verónica del Carmen Díaz Robles y otros 31 delegados fue nítido como cristal templado.
Se acabaron tan pronto los tiempos de los “enviados plenipotenciarios”. Quien aprovechó para instalarse como un poder paralelo, caso de la mexiquense Delfina Gómez Álvarez, pudo dar valor a un nicho político que hoy se encuentra en la mayor de las simplificaciones.
Quien sólo construyó percepciones, como el caso de la zacatecana, vivirá el golpe fuerte de realidad al ver reducidas sus expectativas políticas a cenizas. Como se dijo en este espacio el 20 de diciembre (La Frustración de la delegada), los emisarios presidenciales ni siquiera estarán en condiciones de elegir a sus representantes en las distintas oficinas de las secretarías federales.
Contrario a lo que disponen las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el gabinete de Andrés Manuel López Obrador saltó a los delegados de los estados, quienes, por ley, debían presentar distintas propuestas para encabezar las representaciones locales.
Como lo corrobora Excélsior, y aquí expusimos hace un mes, en la Ciudad de México dieron un “gabinetazo” a quienes ya se asumían como “virreyes” de las entidades. El rotativo añade un dato relevante: fue la “ola de críticas” de los gobernadores hacia la figura de los “súper-delegados” la que produjo un espacio de oportunidad para que el gabinete ganara la carrera en la designación de operadores locales.
De no hacerlo, el gabinete presidencial se sometería a perfiles locales que, en distintos casos, ni siquiera presentan un currículo adecuado para las funciones a las que se les pretende asignar, entre ellos Rodrigo Román Ortega “El Ro”, Cuauhtémoc Calderón Galván, Ignacio Fraire Zúñiga y Enrique Bernaldez Rayas, por mencionar a algunos.
Pero no sólo el gabinete aprovechó la derrota de los “súper delegados”, diputados federales y senadores (entre ellos Ricardo Monreal) también cabildearon intensamente en la Ciudad de México para apadrinar a algunos titulares de las delegaciones federales en los estados. En buena medida, encontraron respuestas favorables dentro de las secretarías.
Antes de que encontraran acotadas sus atribuciones y espacios de poder para colocar a sus alfiles, los “súper-delegados” igualmente se dieron el lujo de ofrecer candidaturas a diestra y siniestra a actores políticos que no encontraron cobijo en la administración pública federal.
En Zacatecas, los ofrecimientos de Verónica Díaz sonaban más a promesas y compromisos de quienes se asumieran como candidatos, para comenzar a trabajar desde ya en sus respectivos municipios y distritos. Evidentemente, sin un solo centavo del partido ni de las delegaciones, la asistente de David Monreal los urgía a fortalecer la presencia del “candidato” rumbo a 2021.
Algunos le han creído y le han comprado el cuento. Desconocen ambas partes que ya existe una lista de candidaturas de los monrealistas, hasta ahora asignadas por género. En la distribución de espacios únicamente David y gente cercana a Ricardo tienen la última palabra, nadie más –incluida Verónica–.
En las atribuciones que sí competen a Díaz Robles, la semana pasada la fresnillense hizo gala de su estatura política. La crisis de recursos por las que atraviesan las conocidas estancias infantiles dependientes de Sedesol (ahora Bienestar), a nivel nacional y en lo local, la mostraron incapaz, huidiza y poco clara.
“La delegada nos da una información, luego nos da otra. Ahora resulta que no nos reciben las listas” de menores de edad adscritos a dicho programa de apoyo, denunciaron las responsables de 190 centros de atención a infantes en Zacatecas, el pasado 2 de febrero, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Bienestar.
El lunes 28 de enero, Verónica Díaz aseguró a las representantes de las estancias infantiles que para este año no habría presupuesto que permitiera continuar con la operación normal de los espacios antes beneficiados por Sedesol.
Al siguiente día, y en un evento de corte local (el informe del IZAI) los medios arrancaron una declaración a la fresnillense. Ahí, la delegada negó que se tratara únicamente de un problema de recursos. Sí hubo un recorte presupuestal de 50 por ciento a lo asignado en comparación con 2018. Con éste, la afectación a 7 mil 600 familias.
Sin embargo, las reglas de operación para otorgar los apoyos (reducidos) a las estancias infantiles, dijo, no fueron publicadas. Luego invitó a las responsables de las estancias a entregar las listas de los menores; documentos que rechazaron en Bienestar, en ausencia (cotidiana) de la delegada.
Así se estrena Verónica en sus nuevas responsabilidades legales.
#Casualidades: Y ya lo anticipaba Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas. El impuesto minero oficialmente fue sepultado por el gobierno federal. La semana pasada los estados beneficiarios fueron notificados.
Viene una nueva etapa en la que el gobierno, principal agiotista de las clases marginadas, podrá otorgar estímulos en forma de “tandas” a las madres de familia a las que un día les quita el apoyo en estancias infantiles, por ejemplo, para luego condicionarlo en forma de crédito a la palabra.
En ambos programas, el del impuesto y el de las estancias, la Cuarta Transformación justificó su reducción, o de plano extinción, porque la corrupción había inundado el propósito real de la política social.
Es cierto, el impuesto minero no fue emblemático por su pulcro funcionamiento pulcro, pero la reducción de recursos para Estancias Infantiles da la muestra más clara de cómo el Gobierno Federal quiso hacer pasar por lucha contra la corrupción sus deseos de quitar dinero de apoyos existentes para ponerlo en los 25 Programas Prioritarios.
La tarea del gobierno era acabar la corrupción, no corromper el discurso para borrar de tajo aquello que no entendía o no compartía. Ahora dejó en incertidumbre a 315 mil menores de edad en el país, y a sus madres les ofrecerá tandas para compensar el problema que creó.
Su lógica: en vez de cuidar el destino del impuesto minero, ahora le vamos a prestar ese dinero a la gente. Porque es mejor incentivar el gasto individual que remediar la infraestructura social que en algunos municipios es escasa o, de plano, nula.
Así va la 4T.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
