Para los habitantes de los ejidos de Cedros y el Vergel, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, el próximo 20 de abril representa una fecha emblemática. Aquel martes en que el sol del semidesierto radiaba a fatigar, un contingente de alrededor de mil campesinos bloqueó terminantemente los accesos de lo que meses después se conocería como la mina Peñasquito.
De capital canadiense, con la concesión en potestad otorgada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la promesa de generar en Zacatecas una inversión directa de casi mil 600 millones de dólares, 3 mil empleos directos y otros 12 mil indirectos para el mantenimiento del complejo que cuenta con un pequeño aeropuerto, la mina abriría sus puertas un año después, el 23 de marzo del 2010.
Prospectivamente, la mina tendría una vida media de 20 años y lograría extraer reservas de oro valuadas en 13 millones de onzas, 864 millones de onzas de plata, 5.8 millones de toneladas de zinc y 2.7 millones de toneladas de plomo, con lo que Zacatecas se ubicaría y consolidaría como el principal productor de estos metales a nivel nacional.
Al mismo tiempo, Goldcorp realizaría “exploraciones en terrenos cercanos para expandir el complejo minero, [por lo que] adquiría el proyecto de Camino Rojo a Canplats, con el que se obtendrá más provecho de la infraestructura que ya posee Peñasquito”.
Como resultado, sus reservas minerales crecieron casi al mismo ritmo que las tensiones con los ejidatarios locales. La relación tirante entre los habitantes de Cedros y El Vergel cumple una década en donde las oportunidades, el diálogo, las rupturas y el oportunismo de políticos que ven en el conflicto un gran nicho de inversión, componen la textura moderna de los pueblos mineros.
En esta primera década de pugnas y de soluciones consensuadas, la minería en Zacatecas debería de enmarcar una lección invaluable: el valor del conflicto como riqueza de movimientos políticos y de intereses acotados, revestidos de movimientos sociales que persiguen un beneficio público.
Dentro de esta categoría se encuentra el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), que ha estado presente en los últimos diez años de tensiones entre ejidatarios y minera. El colectivo pervive en la ambigüedad de autonombrarse como un frente de lucha por la dignidad de los pueblos ocupados por la minería, y las evidencias de maniobrar como un grupo político que subsiste de la prolongación de los conflictos entre sociedad y gobierno.
Académicos del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describieron de manera nítida este proceso en su artículo “Corporación minera, colusión gubernamental y desposesión campesina. El caso Goldcorp Inc., en Mazapil, Zacatecas” publicado en la revista Desacatos No. 44, México, enero-abril del 2014.
En él, Claudio Garibay, Andrés Boni, Francesco Panico y Pedro Urquijo, realizan una excepcional relatoría de cómo el Frente Popular de Lucha de Zacatecas “vinculado al Partido del Trabajo y luego al Partido de la Revolución Democrática [actualmente enlazado a Morena]” y dirigido entonces por el “diputado federal José Narro Céspedes”, funcionó desde un inicio del conflicto entre ejidatarios y mina como un pivote negociador que no siempre miró por los intereses de los de Mazapil.
Para efectos de esta entrega retomaremos un episodio alegórico ahí plasmado, después del plantón en Peñasquito el 20 de abril del 2009, cuando los ejidatarios, asesorados por el FPLZ por decisión propia, deciden reabrir las mesas de negociación con el Gobierno del Estado y la empresa canadiense una vez que de la revisión del dictamen de legalidad de los convenios de ocupación temporal de tierras no favoreció su demanda central en ese año: el pago de compensaciones anuales de parte de la minera.
Tanto la Procuraduría Agraria como la Secretaría de Economía federal concluyeron que no había lugar a “la anulación de los convenios [originalmente firmados] sobre la base de que los ejidos acordaron voluntariamente los términos, formas y tiempos en que sería pagada la compensación por la cesión de tierras”. O sea, sin compensaciones anuales.
Al no asistirles la razón en el plano legal, Felipe Pinedo Hernández y José Narro Céspedes invitaron a los ejidatarios a reiniciar los consensos en Palacio de Gobierno la tarde del 15 de junio del 2009, pues se encontraba pendiente la revisión de “los proyectos que Goldcorp pactó con el gobierno de Zacatecas para beneficio de las comunidades de Cedros y El Vergel: financiamiento para criadero de peces, cultivo de hortalizas, pavimentación de caminos, etc.”.
En la nueva mesa de acuerdos “los ejidatarios y los asesores del FPLZ convinieron en pedir a la empresa un monto de 4 millones de dólares anuales, que cubriera el pago de los seis meses restantes de 2009 y que en los años siguientes el convenio se revisara para exigir montos cercanos a los 10 millones solicitados… La empresa respondió con una oferta de 2 millones, uno en efectivo y otro en un fideicomiso para el desarrollo de proyectos comunitarios [o proyectos productivos].”
Las posturas de ambos demandantes se atrincheraron sin lograr que ninguna de las partes cediera, por lo que el entonces Secretario General de Gobierno, Carlos Pinto Núñez declara un receso que es aprovechado por David Frías, a la sazón subsecretario de Gobierno, para invitar a cenar a los ejidatarios de Mazapil.
“Durante la cena aparecieron José Narro, dirigente estatal del PT y del PRD [actualmente senador por Morena], y Felipe Pinedo, dirigente del FPLZ. Enterados del giro de las negociaciones Narro y Pinedo reconvinieron a los ejidatarios por reducir el pago a 4 millones.” Narro recibe la llamada de Carlos Pinto durante el refrigerio entre reclamos para reiniciar los acuerdos de manera inmediata.
La comitiva interrumpe la cena y regresa a Palacio de Gobierno donde “Narro y Pinedo entraron solos a la oficina de Carlos Pinto. Luego salieron y formaron una comisión de sólo cuatro ejidatarios. Dijeron a los 11 ejidatarios restantes que los representantes de la empresa estaban hablando con su matriz en Canadá.”
La negociación se alargó casi dos horas. Serían las 3 de la mañana, de acuerdo con los testimonios recabados por los académicos, cuando Narro, después de haber persuadido a los ejidatarios que bajaran su demanda inicial de 10 millones de dólares a sólo 4, cambia la jugada a los campesinos:
“Hay que considerar que los 4 millones son casi imposibles de obtener porque estamos a mitad de año, que parte del pago tiene que ser en un fideicomiso para evitar que las personas de los ejidos tiren el dinero en comprar cualquier cosa. Que lo más que se puede negociar son 3 millones y de ellos uno para el fideicomiso.”
Entonces uno de los presentes reclama a Narro: “Doctor, yo estoy extrañado. Hace unas horas en el hotel parecía que nos regañaba porque nos habíamos bajado a 4 millones. Ahora usted nos dice que deben ser tres. La verdad no entiendo”.
Los ejidatarios todavía no conocían la peor parte del acuerdo. En palabras de los ‘asesores’ de la FPLZ “la negociación estaba complicadísima, y había que amarrar algo para lo que restaba del año, que después se podía renegociar, que había que aprovechar ese momento en que los representantes de la minera estaban en comunicación con Canadá.”
“Los campesinos, ya convencidos, entraron de nuevo para protocolizar el acuerdo. Una hora después salió la comisión sumamente molesta porque, si bien aceptaron los 3 millones, la empresa declaró que el monto era para ambos ejidos.”
Felipe Pinedo Hernández y José Narro Céspedes habían conseguido una victoria pírrica de un millón y medio de dólares para El Vergel y otro millón y medio de dólares para Cedros (mediante proyectos productivos e infraestructura), después de haber iniciado las posturas y el conflicto con la promesa de obtener diez millones anuales de Goldcorp por el tiempo que la empresa explotara sus tierras.
No sólo pauperizaron la negociación que inició con el bloqueo de la empresa poniendo en la línea de golpe a los campesinos; Narro y Pinedo además abrieron la puerta para sucesivos acuerdos de los cuales Goldcorp no ha encontrado una salida definitiva, siempre mirando por el beneficio indirecto en sus honorarios y los del FPLZ.
El más reciente, mediante la amenaza mediática de retirar la concesión federal de la mina al capital norteamericano (petición sin sustento ni futuro real), después de haber quebrado también los contratos productivos mediante los cuales los ejidos conseguirían los recursos que la minera había puesto en aquella mesa de negociación.
De ello nos ocuparemos en la siguiente entrega, el próximo martes 9 de abril, cuando presentemos las evidencias de cómo la asesoría Narro-Pinedo obtuvo recursos a las costillas de una mala consultoría a la que condujeron al ejido de Cedros hace un par de años.
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Gabriel Contreras Velázquez*
*Analista político
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