FPLZ: el beneficio de prolongar los conflictos (2)


El Movimiento de Regeneración Nacional ha sido a la vez puente y obstáculo en la carrera política del senador José Narro Céspedes. Como trampolín a la Cámara Alta, el tsunami llamado “Andrés Manuel López Obrador” enfiló al zacatecano de origen tamaulipeco, en julio del 2018, a un espacio donde los consensos nacionales conforman la fibra del tejido político institucional.

Al mismo tiempo, la Cuarta Transformación cerró las puertas a una de sus actividades lucrativas más importantes: la “intermediación” presupuestal. El presidente modificó el viejo esquema clientelar donde la atención de los legisladores ya no se centraba en la construcción y el cuidado de las normas, sino en el flujo de presupuesto hacia estados y municipios. Esa disciplina congresista especializada en “bajar recursos”, que luego desvirtuó en la institucionalización de los “moches”.

De ahí que el margen de maniobra de Narro Céspedes se encuentre acotado, y en busca de afianzar nuevos horizontes de ganancia política y financiera. La “fuga hacia delante” en el conflicto en contra de la minería, específicamente enfocada al capital trasnacional Goldcorp-Newmont, es uno de los síntomas de cómo Narro luchará hasta el último centímetro por no perder más poder y protagonismo del que la Cuarta Transformación le ha quitado.

Por eso utiliza un espacio de privilegio desde el Senado de la República para llamar a una falsa polémica, en que, en un escenario del todo inexistente, promueve entre pobladores del ejido de Cedros, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, la cancelación de la concesión que se otorgó a las compañías extranjeras para la explotación de minerales en aquella zona del semi-desierto.

Nuevamente mediante engaños y simulaciones, el senador por el partido Morena ha prometido a los habitantes de Mazapil, y a la Unión de Transportistas y Trabajadores de ese municipio, empujar lo suficiente desde la Cámara Alta para lograr que a la minera se le retire la concesión que obtuvo hace más de una década.

Probablemente los ejidatarios no estén enterados -y a sus asesores del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) no les interese explicarles- que la empresa no se encuentra ni milimétricamente cerda de ninguno de los supuestos establecidos por la Ley Minera en su artículo 55, para que el Gobierno Federal sancione a GoldCorp-Newmont con la cancelación de la concesión de explotación de minerales.

Ese escenario no sólo es altamente improbable, sino que prácticamente imposible, ya que la empresa de capital extranjero no ha incurrido en ninguna de las anomalías descritas por esa normativa; la única ley que, por cierto, establece una sanción de tal tipo como la cancelación de concesiones mineras.

¿Qué es lo que pretende Narro Céspedes y su coagente de “asesorías” Felipe Pinedo Hernández al llamar al escalamiento del conflicto? En eso han sido transparentes en su pronunciamiento del pasado 31 de marzo: 1) una mesa de diálogo con Newmont-Goldcorp, 2) diálogo propositivo y respetuoso, y 3) cumplimiento de acuerdos pactados (no especifica cuáles).

Estos tres elementos son constantes en los pliegos petitorios del FPLZ y la CNPA, dirigidos por la dupla Narro-Pinedo. Así lograron, por ejemplo, que el 19 de mayo del 2014 que la Minera Peñasquito S.A. de C.V., firmara un convenio de 31 millones de pesos con el municipio de Cedros “para el pago del antiguo camino que unía a los poblados de Cedros y Mesas, ambos, ejidos del municipio de Mazapil”.

El convenio establecía una relación de equivalencias, con la cual Cedros obtendría presupuesto suficiente para crear la empresa de Transportes CEMAZA (Cedros, Mazapil, Zacatecas) S.A. de C.V., “proyecto productivo que fomentara el desarrollo del ejido… [y] que generaría utilidades que beneficiarían el desarrollo de la comunidad” de acuerdo con sus postulados originales.

A través de la Comercializadora PIHELU (Pinedo Hernández – Lucio López) S.A. de C.V., el ejido de Cedros recibiría “asesoramiento” en la ejecución y administración del parque vehicular para el transporte de concentrados de material, así como el transporte de personas. Peñasquito ponía el capital, y el ejido -teóricamente- su parte de “experiencia” en el traslado de minerales y de administración de empresas.

Evidentemente los de Mazapil desconocían el “know-how” de una empresa de transportes con 31 millones en activos, así como de su administración. Sin embargo, PIHELU adiestraría e instruiría a los ejidatarios en el manejo de una actividad de alta gestión. Para ello cobró al ejido de Cedros 100 mil pesos mensuales por concepto de “asesorías”, durante la duración del contrato: dos años. En total 2 millones 400 mil pesos de ganancia neta para Narro y Pinedo.

No obstante, del diagnóstico contable que realizó la Fundación Pro-Empleo a CEMAZA una vez que se declarara en bancarrota en junio de 2015, a los tres meses después de iniciar operaciones (marzo del mismo año), resaltan incongruencias infames.

De acuerdo con el documento al cual Caballo de Troya tuvo acceso, “el arranque de la empresa fue a partir del mes de marzo y se tiene el personal contratado desde el mes de enero, sugerimos que existe una erogación extra en gasto de nómina de dos meses extras, correspondientes a enero y febrero. Además, hay sueldos bases excesivos correspondiente a los choferes.”

“Dentro del personal contratado tienen choferes, todos radican en Zacatecas, los choferes solo son conocidos por la contadora y un asesor externo originando dudas sobre el desempeño de sus actividades y el tiempo que dedican a ellas.”

La contadora Susana Alfaro recibía dos pagos, como consultora externa (25 mil pesos) y como trabajadora (14 mil), así como una primera erogación por 125 mil 148 pesos. En apenas un año, once tractocamiones gastaron casi 900 mil pesos de combustible diesel comprobando el gasto con un “exceso de tickets”, cuando sus viajes estaban agendados únicamente dos veces por semana.

La “Comercializadora” PIHELU -que no asesoró oportunamente a los ejidatarios ni les advirtió del riesgo al que se comprometían en una industria del transporte de la que no tenían conocimiento alguno- continuó recibiendo el pago mensual de 100 mil pesos por el resto del contrato, pese a que CEMAZA ya no estaba en funciones. Así lo indica el “Acta de Cumplimiento de Pago” firmada el 22 de agosto del 2017 entre la empresa y los representantes del ejido.

Las inconsistencias continúan: “Existe el pago de un donativo a la iglesia del ejido Cedros por la cantidad de $300,000.00, donativo que fue compromiso de Cedros y no debió realizarse desde la cuenta de la empresa Transportes Cemaza S.A. de C.V. además de que el recibo de donativo no cumple con requisitos fiscales.”

En cuanto a la integración de CEMAZA con los ejidatarios: “No existe una estructura de trabajo definida dentro de Transportes Cemaza S.A. de C.V., por lo que la forma en que operan recae en la contadora, así como en el asesor externo [PIHELU]. Por el exceso en gastos, se tiene una falta de flujo de efectivo, que genera la inoperatividad de la empresa.”

A ello se suma que “existe una falta de involucramiento por parte tanto de los empleados, así como de los ejidatarios hacía con el proyecto, lo que genera una desincronización de las actividades y falta supervisión [en el desarrollo de CEMAZA]”.

Y La cereza del pastel: de acuerdo con ProEmpleo “existe una diferencia en flujo de efectivo respecto a la cifra de estados de cuenta por una cantidad de $ 2,720,331.21 de los cuales no se tiene ningún comprobante que ampare la salida de efectivo que justifique la misma.”

Pese a que Narro y Pinedo nieguen el cobro de un porcentaje por la mediación de conflictos entre los habitantes y las empresas -envueltos en la bandera del “despojo de las transnacionales”- la realidad es que quienes llevaron a la bancarrota a los ejidatarios de Cedros fue la “Comercializadora” PIHELU de la que se dijeron titulares Narro y Pinedo, fungiendo como intermediarios y a la vez gestores del recurso de CEMAZA.

Existen más indicios que apuntan hacia el cobro por administrar los conflictos que pruebas de que José Narro Céspedes y Felipe Pinedo Hernández realicen asesorías sin fines de lucro a los habitantes de distintos municipios de Zacatecas. Los enemigos en común: las mineras, la cervecera y el proyecto Milpillas a los que buscan someter a mesas de diálogo incesantes, pues su modo de subsistencia depende de ellos.

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Gabriel Contreras Velázquez*

*Analista político

 

 

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