Mayores sanciones a empresas que incumplan contrato de obra pública


CDMX. – Con el fin de garantizar el derecho a la buena administración pública y velar por el interés colectivo, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponen incrementar las sanciones para quienes incumplan un contrato de obra pública.

La iniciativa busca sancionar con el cincuenta por ciento del valor estipulado en el contrato al contratista cuando no se concluya la obra por actos de corrupción o negligencia.

El proyecto de ley también propone inhabilitar de 6 a 12 años a los contratistas que no concluyan la obra pública y servicios relacionados con la misma para los que fue contratado, sin mediar causa.

De igual manera, propone que las dependencias y entidades se abstengan de adjudicar contrato a personas físicas y morales que han sido sentenciadas por delitos de corrupción en los últimos 10 años.

“México requiere de leyes que inhiban la corrupción. Por décadas se desfalcó impunemente y a gran escala al erario público a través de la licitación de la obra pública, ante la falta de mecanismos que pudieran regular y sancionar a contratistas que en muchos casos actuaron en contubernio con las autoridades”, afirma Geovanna Bañuelos

Como ejemplo está la administración estatal que encabezó Miguel Alonso Reyes, la cual dejó 740 obras inconclusas como el Centro Cultural Toma de Zacatecas. En 2015 se anunció que el costo de dicha obra sería de 500 millones de pesos, posteriormente se incrementó 160 millones. La infraestructura de este complejo tenía diversos daños como goteras, filtraciones de agua, falta de sanitarios y fallas en la instalación eléctrica.

Otro ejemplo es el periférico Manuel Felguérez (antes periférico Centenario). El costo inicial de esta vialidad de 5 kilómetros era de 220 millones y al final se invirtieron 412 millones de pesos, prácticamente el doble.

También están las llamadas “glorietas de la muerte”, cuyo costo se cuadriplicó, generando un desfalcó de 78 millones de pesos.  De los anteriores ejemplos, nunca se sancionaron a funcionarios y empresas constructoras.

Al fundamentar una iniciativa que reforma los artículos 51, 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Geovanna Bañuelos señaló que el Estado tiene la obligación de destinar y utilizar de la manera más eficiente los recursos públicos que administra y que destina a la construcción y mantenimiento de obras públicas.

La inversión pública en infraestructura es un motor de desarrollo económico y generador de bienestar para la sociedad; sin embargo, para que esto suceda debe realizarse de manera, transparente, eficaz y eficiente, tomando en cuenta las necesidades de un país en crecimiento.

Por tal motivo, el Estado mexicano debe de cuidar que los términos de los contratos se cumplan a cabalidad y que las obras públicas no queden inconclusas.

De acuerdo con datos de la Industria de la Construcción (CMIC), este sector genera, aproximadamente, 5.6 millones de empleos, lo que representa 13.2% del empleo total, no obstante, existen innumerables obras públicas inconclusas y abandonadas.

Redacción / Tropicozacatecas.com

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